12 Preguntas y cuadro comparativo sobre la Ley General de Aguas

Artículo 4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

3er Transitorio. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas

 

Doce preguntas frente la próxima Ley General de Aguas:

  1. ¿Cómo garantizar la restauración y  manejo sustentable de nuestras cuencas y acuíferos, única fuente segura de agua de calidad para las generaciones actuales y futuras?
  2. ¿Cómo garantizar un papel real para la ciudadanía en la consecución del acceso sustentable y equitativo al agua, como dicta la Constitución?
  3. ¿Cómo re-diseñar el sistema de concesiones, para poner fin a la actual crisis de sobreconcesionamientoy inequidad? En particular ¿Cómo disminuir el enorme desperdicio (60%) del agua concesionada para uso agrícola (77% del total), asegurando que este uso se dedique prioritariamente para la soberanía y seguridad alimentaria?
  4. ¿Cómo lograr que la poca agua potable ecológicamente disponible se dedique a las necesidades humanas básicas, a pesar de que otros usos y usuarios estén dispuestos a pagar mucho más por ella?
  5. ¿Cómo garantizar de manera efectiva y exigible el derecho humano al agua de las poblaciones rurales y urbanas marginadas del país? ¿Cómo aprovechar la larga experiencia de manejo comunitario?
  6. ¿Cómo frenar la sobreurbanización de cuencas en grave crisis hídrica, hasta que resuelvan sus problemáticas (inundaciones, grietas, hundimientos, falta de disponibilidad/acceso)?
  7. ¿Cómo lograr que el agua sea gestionada para dar sustento a la vida, en la presencia de fuertes presiones por sujetar su manejo a la lógica del lucro?
  8. ¿Cómo superar las crisis de eficacia, transparencia y credibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento?
  9. ¿Cómo garantizar que las obras hidráulicas autorizadas sean las que tengan menores costos y mayores beneficios sociales, hídricos y ambientales?
  10. ¿Cómo diseñar políticas fiscales que aprovechen la capacidad de pago de los grandes intereses, para cumplir con el derecho humano al agua?
  11. ¿Cómo prevenir la realización de actividades y proyectos que provocan daños graves e irreversibles a las cuencas y los acuíferos?
  12. ¿Cómo lograr sistemas efectivos de vigilancia, inspección, contraloría y defensoría, y poner fin a la actual crisis de falta de transparencia y de impunidad hídricoambiental?
  Borrador de propuesta Korenfeld/Conagua

LAN + fracturación hidráulica + LGA-K

 

LGA Ciudadana

(Se derogaría la LAN)

Pertenencia de las aguas Las aguas son propiedad del Estado. Las aguas son de la Nación.
Derecho humano al agua El “derecho humano al agua” se limitaría por razones de “interés social, orden público o seguridad nacional”.

Los “derechos de los sectores social y privado” serían: contar con infraestructura hidráulica y servicios suficientes; ser advertido de cortes programados; informar a las autoridad de las afectaciones a sus derechos.

El derecho humano al agua de las actuales y futuras generaciones depende de la gestión planificada y democrática de las cuencas y sistemas de agua y saneamiento.

 

Toma de decisiones sobre el agua La Autoridad del Agua sería el Director General nombrado por el Ejecutivo Federal por seis años.

Las decisiones bajarían a los estados y municipios vía convenios con Conagua a través del Programa Nacional de Coordinación para el Agua Potable y Saneamiento.

Regirían los Planes Rectores vinculantes, consensados por los Consejos de Cuenca desde lo local hasta el nivel de cuenca, para lograr metas nacionales.

 

 

Mecanismo para garantizar agua y saneamiento a áreas sin servicio  

 

El Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento dirigiría recursos directamente a poblaciones sin acceso para proyectos autogestivos, según un Registro mantenido por la Contraloría Social del Agua con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿De dónde vendría el agua? Se obtendría agua vía enormes proyectos de infraestructura hidráulica concesionados (presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores, tratadores) en torno a grandes y siempre crecientes ciudades. Se restaurarían las cuencas y flujos subterráneos a través de cambios en patrones de consumo, de producción y de urbanización, junto con obras públicas y comunitarias para gestionar ciclos locales y zonales del agua.
Aguas pluviales Las aguas pluviales tendrían que ser “desalojadas y conducidas de manera inmediata, permanente, continuada y sin obstrucciones”. Se promovería el almacenamiento y aprovechamiento máximo de aguas pluviales.
Sistema de concesiones Se conservaría el actual sistema de concesiones de la LAN (causa de la grave sobreexplotación y acaparamiento/marginación hídrica actual) en el cual el Ejecutivo Federal o la Conagua otorgan volúmenes de manera arbitraria sin revisión pública. Las concesiones tienen una duración de 20 a 30 años, y son libremente transferibles. El Banco del Agua facilita el traspaso de concesiones de titulares vulnerables  a solicitantes de mayor peso (inmobiliarias, mineras, industrias).

Se expandiría la LAN para permitir el concesionamiento de agua de trasvases, de aguas marinas para desalinizadores, y de aguas nacionales para “fracking” y geotermia.

En cada cuenca, especialistas, usuarios y afectados por la sobreexplotación determinarían el volumen anualmente aprovechable, el cual se reduciría anualmente hasta llegar al equilibrio (en 15 años).

Dentro de estos límites, el Consejo de Cuenca determinaría: 1. Dotación por habitante-día a asignar a los sistemas de agua potable; 2. Volumen para soberanía alimentaria (agricultores familiares diversificados). 3. Volumen concesionable para otros usos.

Se reduciría el volumen concesionado a

¿Cómo corregir el sobreconcesionamiento al uso agrícola, sin sacrificar la soberanía y seguridad alimentaria? Se seguiría dedicando la mayor parte de las aguas concesionadas a grandes usuarios agrícolas en zonas áridas en el norte, con concesiones no sustentables, sin pagar por el agua utilizada.

Se seguiría perdiendo 60% del agua para uso agrícola antes de llegar a la parcela—dado que la LAN responsabiliza a los usuarios por no se paga por el agua.

Se seguiría concentrando los recursos públicos en

 

Un Comité en cada cuenca, compuesto por especialistas en riego y agroecología, usuarios y consumidores, elaborarían plan para agricultura no contaminante, con productos de calidad para el mercado interno.

La Federación cubriría el costo de mantenimiento del sistema primario de distribución de agua para uso agrícola; los concesionarios vigilarían sistema de distribución.

Se priorizaría el uso agrícola de la “ferti-agua” generada por plantas de tratamiento de aguas domésticas.

Economía del agua El servicio de agua tendría fines de lucro, con acceso según su capacidad de pago, con volúmenes mínimos (50 lhd) subsidiados para los más vulnerables.

En ausencia de mecanismos para el control de gastos, serían favorecidas las obras hidráulicas que impliquen mayores inversiones y costos.

Usuarios pagarían el costo total, incluyendo utilidades, de la provisión y desalojo del agua (trasvases, pozos, infraestructura, sistema de distribución, recolección, tratamiento y drenaje) así como el costo estimado de futuros proyectos.

El Derecho Humano al Agua sería prioritario para una política fiscal redistributiva con garantes de sustentabilidad ambiental.

Los presupuestos públicos priorizarían la restauración de cuencas y acuíferos; obras para ahorrar agua y aprovechar aguas pluviales y residuales; y proyectos de auto-abasto para poblaciones sin acceso.

Obras públicas descentralizadas con mínimos requerimientos de energéticos y bajos costos de realización y mantenimiento (contando con Dictámenes de Costo-Beneficio Socio Hídricoambiental).

 

Economía del agua El Sistema Nacional Financiero del Agua manejaría los ingresos por aprovechamientos, a ser aplicados para obras determinadas por la Conagua fuera del alcance del proceso de elaboración del presupuesto federal.

Se garantizaría la recuperación de inversiones y utilidades de concesionarios de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento.

La Conagua podrá interceptar recursos federales asignados a municipios que no cubren costos.

El monto cobrado por el aprovechamiento de aguas nacionales sería determinado de manera progresiva según la capacidad de pago de los usuarios no prioritarios (actualmente usuarios público-urbano pagan el 42% derechos, aunque solo ocupan el 14% del volumen concesionado o asignado).

Los ingresos así generados formarían parte del erario público, el cual obligatoriamente tendría que financiar la ejecución de los Planes Rectores.

Servicios ambientales No se permite el cobro de servicios ambientales como parte integral de los aprovechamientos o tarifas, dado que tendrán que ser aplicados exclusivamente a cubrir los costos del concesionario de infraestructura o del servicio de agua potable. (Art 226, LGA-K) Los recursos requeridos para la restauración y buen funcionamiento de las cuencas serían prioritarios en los presupuestos públicos.

Se permitiría acuerdos locales entre usuarios y generadores de servicios hídricoambientales.

Organización de los sistemas de agua potable y saneamento Preferentemente metropolitanos o intermunicipales (con fuerte presión en AMVM); con incentivos y presiones para su privatización vía el Programa Nacional de Coordinación para el Agua Potable y Saneamiento, via convenios a ser firmados entre Conagua y legislaturas estatales, con metas a lograr en cada sistema, sin el cual se dificulta acceso a fondos federalizados.

Un estado puede retomar un sistema municipal y asignarlo a una empresa privada; y un estado o municipio puede asumir control de sistema comunitario.

Municipales ciudadanizados bajo un consejo de administración compuesto de representantes territoriales; o autogestionados por la comunidad o usuarios

Ambos esquemas sin fines de lucro y con fuertes requisitos de democracia interna, transparencia y rendición de cuentas.

Acceso equitativo No se contemplan medidas para revertir la actual distribución preferente a usuarios con mayor capacidad de pago (usuarios industriales y suntuarios) excepto el mandato de cumplir con un mínimo de 50 litros-hab-día.

Las tarifas serían determinadas por legislaturas estatales, garantizando cubrir costos actuales, de infraestructura futura, y utilidades, con ajustes anuales obligatorios.

Distribución equitativa de agua potable, monitoreada con macromedidores, solo para uso doméstico y servicios públicos (otros usos adquirirían concesiones).

Tarifas acordadas por el Consejo de Administración ciudadanizado y Asamblea de Usuarios de cada servicio de agua potable y saneamiento (SAPAS) según informes de gastos y presupuesto aprobado, ajustado según valor del predial.

Gestión comunitaria Sistemas comunitarios de agua serían permitidos en zonas no prioritarias, pero pueden ser retomados en cualquier momento por el municipio o el estado. Base de la gestión de cuencas y sistemas de agua.
Prevención de daños Se añadiría dos nuevos capítulos a la Ley de Aguas Nacionales para permitir el concesionamiente de aguas nacionales para la fracturación hidráulica (extracción de gas y petróleo vía destrucción y contaminación de acuíferos) y la geotermia, sin requerir evaluaciones de impacto ambiental. La empresa y la Conagua estarían a cargo,  del monitoreo por posible contaminación de fuentes de agua.

No se requieren de evaluaciones de impacto ambiental para trasvases, salinizadores ni pozos ultraprofundos.  No hay asignación de responsabilidades o sanciones efectivas para prevenir la contaminación de aguas por actividades agropecuarias e industriales (se conserva actual sistema inefectivo de la LAN y LGEEPA).

 

Toda obra, actividad y concesión en una cuenca tendría que demostrar no ser dañino para el ciclo del agua vía un Dictamen de Impacto Sociohídrico, realizado por un panel de especialistas sin conflictos de interés, y tendrían que contar con consentimiento a nivel microcuenca y cuenca.

Los Planes Rectores designarían “Areas de Importancia Hídricoambiental” (humedales, zonas ribereñas, planicies de inundación, zonas de recarga) en donde habrán planes de manejo y severas restricciones en cuanto a los usos del suelo.

No se permitía “fracking”, minería tóxica ni el empleo de sustancias tóxicas industriales o de uso agrícola.

Consejos de Cuenca podrían declarar sus cuencas en “extremo estrés hídrico” si sufren de más de dos de los siguientes fenómenos: crónicas inundaciones, crónica escasez, severos hundimientos y grietas, agua fósil o severamente contaminada—lo cual suspendería autorizaciones para proyectos de urbanización hasta resolver las crisis.

Monitoreo e inspección La ciudadanía es responsable por reportar irregularidades y el gobierno (sin asignar responsabilidades específicas), por dar seguimiento (LGA-K).

Seguirá el gradual proceso de lograr medidores para los grandes concesionarios. (LAN)

Ciudadanos pueden presentar denuncias a la Profepa, pero reportes de inspecciones no son públicos. (LAN, LGEEPA)

Contraloría Social del Agua 100% ciudadana, auto-organizada a nivel municipal, de cuenca y nacional, financiado con una cuota aplicada a los concesionarios, vigilaría frente a daños ambientales, contaminación y cumplimiento con derecho humano al agua. Puntos de descarga tendrán que ser de acceso público y permanente.

Medición en tiempo real, disponible en internet, de volúmenes de entrada y salida de concesionarios, como requisito para su concesión anual.

Una Defensoría Socio hídricoambiental, financiada por cuotas a concesionarios, presentaría demandas de acción colectiva y en defensa del ambiente.

Sanciones “Las autoridades legislativas de la federación, estados y Distrito Federal deben emitir normatividad” para sancionar a funcionarios públicos y prestadores de servicios que incumplen. Concesionarios del agua perderían su concesión si utilizan sustancias tóxicas o violan los términos de sus concesiones anuales.

Remoción del cargo y aplicación de sanciones civiles y penales para funcionarios que incumplen.

 




Se el primero en comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada


*