País que queremos y partido que necesitamos
Marco Vinicio Saldaña Valero

El ciclo neoliberal, iniciado con Miguel de la Madrid, desmanteló el Estado y el papel rector desempeñado en la economía y en la política social.

 

Se adujo una crisis fiscal y se generaron intermediaciones sociales que alejaran cualquier tentación de regresar al “pasado”. Las empresas estatales no podían estar en manos del Gobierno porque estaba acusado de ineficiente, todo lo corrompía; las instituciones que se ocupaban para atender aquellos servicios que el mercado no allegaba con las remuneraciones al mundo del trabajo sufrieron un proceso de desinversión para dar cabida a quienes podían proporcionarlos con “calidad y eficiencia”.

 

Lo cierto, es que la economía en manos del Estado era amplia. El Inventario de Estadísticas Nacionales 1975 (SIPES, DGE) es un documento aleccionador sobre el papel que el Estado desempeñaba en la economía. Una cuenta satélite del sector público en 1975 y en 1982 nos hubiera arrojado el peso significativo del sector público en la generación del Producto Interno Bruto, porque ese inventario arrojó que el Estado participaba en la industria, más allá de la energética, en el comercio y los servicios.

 

No obstante, la red sobre la que estaba organizado el Estado Mexicano como poseedor de bienes y servicios no resolvió el problema de un desarrollo social desigual.

 

En el último Informe de Gobierno, Luis Echeverría daba cuenta de que “entre 1970 y 1975 la inversión pública aumentó de 30 mil a más de 100 mil millones de pesos.  Descontando el incremento de precios, esto significa una tasa de crecimiento real medida anual de 16 por ciento. En este período, el producto interno bruto, también en términos reales, aumentó a una tasa de 5.6 por ciento, a pesar de que la inversión privada creció en sólo alrededor del 4 por ciento.”

 

En materia social, la información proporcionada en el Informe ejemplifica el impresionante rezago social cuando reporta que: “las instituciones de seguridad social han aumentado la población derechohabiente de 11 millones 119 mil a 25 millones 20 mil personas, lo que representa más de 100 por ciento de incremento…

En este periodo el ISSSTE elevó su población derechohabiente en un 183 por ciento, al pasar de 1 millón 347 mil en 1970 a 3 millones 825 mil en 1976… Al imperativo de democratizar la enseñanza por sus postulados y por sus métodos, correspondió un gran esfuerzo para democratizarla también en cuanto a sus alcances, y hacer llegar sus beneficios a todos los grupos sociales y a todo el territorio nacional. Esta tarea requirió un sustento material sin precedentes que pueda resumirse en el hecho de haber pasado de un presupuesto educativo de 8 mil millones de pesos en 1970 a uno de 40 mil millones de pesos en 1976, es decir, cinco veces mayor que el del inicio de nuestra gestión. Ello permitió elevar el ritmo de construcción a 47 locales diarios para la enseñanza, lo que en los seis años representa un total de 104 mil 383 aulas, laboratorios y talleres para diferentes niveles escolares. Obra equiparable al doble de lo realizado en los 25 años anteriores a este régimen. De 1970 a la fecha, la inscripción en el sistema de instrucción pública se elevó en 5 millones y en el presente ciclo iniciarán sus clases 16 millones 600 mil educados, es decir, el 27% de la población total del país. Este mes iniciarán sus labores en las escuelas primarias 12 millones 500 mil escolares, 3 millones 200 mil más de los ingresos durante el período escolar 1970-1971. De ellos, 11 millones 100 mil, más de las siete octavas partes, serán niños de la provincia, del medio rural y de las regiones marginadas.”

 

¿Qué había sido del crecimiento económico y desarrollo social en los gobiernos que le antecedieron identificados con el desarrollo estabilizador o milagro mexicano? La corrupción, el autoritarismo y la impunidad ya habían hecho mella. La autonomía relativa del Estado había sido dilapidada.

 

La clave está en recuperar esa autonomía relativa del Estado. La nueva clase política dominante tiene que llevar a cabo una reestructuración del Estado para que la voluntad política sea un instrumento que opere a favor del Estado de Derecho Social. Sortear, en este sentido la crisis fiscal consiste en dejar de ocupar el crecimiento del sector público para la expansión del sector financiero, exportador, inmobiliario y corporaciones.

 

El reto fiscal consiste en dejar de financiar con el gasto público bienes y servicios, redistribuir el ingreso y promover la estabilidad económica y, por lo tanto, favorecer el crecimiento económico, para favorecer lo social y lo territorial, más cuando se ha privilegiado la concentración urbana.

 

Andrés Manuel ha planteado que el sector público incida en el crecimiento económico, los gastos sociales y de administración del Estado y establece como principio de la administración la austeridad y el despliegue de toda una serie de acciones, controles, que cierren la puerta a la corrupción.

 

De esta manera, el asunto crucial es contar con tanto Estado como sea necesario y en las circunstancias actuales los pasos que hay que dar, quizá no sean retornar a antes de 1982, pero tampoco pensar que la actual composición del gasto programable y no programable y su recomposición sean facilitadoras para gestionar un nuevo pacto social. Por ende, es necesario actuar en el mundo de la inversión y el trabajo con nuevas regulaciones que permitan atender el problema del empleo, la inversión productiva y las remuneraciones que coadyuven en la distribución del ingreso junto el papel que tenga que jugar la carga fiscal, que, por cierto, es una de las más bajas en el Mundo.

 

Las reformas laborales significaron una reducción de las responsabilidades patronales y del Estado con los trabajadores por lo que se debe subsanar esta situación y cumplirse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando plantea que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”

 

Será necesario incidir en nuevas regulaciones económicas que pongan fin al círculo especulativo del sector financiero y bancario y la clave está en las nuevas regulaciones. Por eso, la mayoría legislativa y la generación de condiciones para un nuevo constituyente, así como renovar las políticas públicas y el modelo organizacional del poder ejecutivo y judicial, constituyen la base estructural para nuevos parámetros y funciones estatales o de lo estatal.

 

Como parte de la democratización iniciada en el país está el triunfo de AMLO y es una condición excepcional que se haya obtenido la mayoría en ambas cámaras, sin embargo, el paso siguiente radica en construir instancias que permitan que la ciudadanía, las organizaciones, la academia, y ciudadanos tengan participación en las decisiones públicas, estableciendo mecanismos de diálogo deliberativo, resolutivo y vinculante. Venimos de una cultura autoritaria, presidencialista y telecrática que ha hecho mucho daño a la cultura política y a sus organizaciones.

 

No solamente debemos sentirnos hegemónicos sino también preparados con el andamiaje para gobernar democráticamente, por lo que es importante que el verticalismo, el autoritarismo, el paternalismo, sean desplazados por la capacidad de encabezar una dirección en la que las decisiones que se tomen pasen el filtro de la comunicación, la organización de los recursos, de las ideas y la exposición con claridad y sencillez de los proyectos.

 

Será necesario construir espacios de diálogo, comunicación, negociación, abarcar todos los actores y un escenario que genere condiciones de destrabar conflictos que no nos empantanen en el corto y mediano plazo.

 

Los mecanismos de participación ciudadana y comunicación deben ser robustos para que las acciones encontradas pueden minimizarse y pasen del desempeño como contrapesos legítimos, a actores que encuentren en las debilidades las condiciones para su posicionamiento.

 

Hay que recordar que estamos al frente del gobierno para construir un país distinto y que la fuerza que le es intrínseca al Estado tiene su expresión en quienes lo encabezan, por lo cual éste elabora programas de los que se desprenden planes y políticas públicas que tendrán como objeto impulsar una nueva política económica y social.

 

La gobernabilidad debe de dar certeza, pero también debe ser capaz de crear un imaginario colectivo y estado individual de conciencia social y canales de circulación que permitan que el Estado de Derecho sea un instrumento que transparente el Estado de Bienestar y la legalidad obtenida a través de la construcción de contrapesos institucionales y en manos de la sociedad que aseguren y no permitan retrocesos ni la creación de guetos en cualquiera de sus manifestaciones que actúen al margen de la legalidad constituida.

 

Trascender la actual realidad es una cuestión nacional que concita a un nuevo pacto social, reestructuraciones económicas y el impulso de un proceso de industrialización que debe contar la intervención y acompañamiento del Estado. El campo mexicano debe ser objeto de inversión con base en un modelo que asegure, antes que nada, la soberanía alimentaria, a través del impulso a territorios que tengan vocación y capacidades de reconversión productiva.

 

La legalidad es una certeza que no debe prestarse a la manipulación y al chantaje.  El poder Judicial es la piedra de toque en este proceso para que culmine la transición democrática planteada en el proyecto de la Cuarta transformación. Cuando nos referimos a la procuración e impartición de justicia hay que tener claro que es el centro del huracán, por lo tanto, hay que evitar el enrarecimiento para que el grupo gobernante y fundamentalmente la Presidencia no sean objeto de judicialización.

 

Cuidarse de no caer en la ingenuidad y no ser ingenuo son dos tiempos situacionales que deben tenerse presente. Hay experiencias como la venezolana, la ecuatoriana, la argentina, la boliviana, la brasileña y hasta la misma cubana, para el caso de América Latina; y, en Europa y Asia, hay otros ejemplos, algunos que han resistido los embates del neoliberalismo.

 

Hoy debemos demostrar que el Gobierno federal que emana de las elecciones 2018 es garante de los derechos civiles y políticos, así como impulsor de los derechos económicos, sociales y culturales.

 

La Cuarta Transformación debe ser todo un andamiaje entreverado capaz de consolidar un nuevo Estado que instrumente una visión de país a largo plazo y conduzca a una nueva sociedad civilizatoria.

 

El proyecto no debe aceptar regresiones. La Cuarta Transformación debe convertirse en una causa común de todos los sectores, por lo cual se requiere de una amplía labor de gestión que aseguré que es el papel del Estado el que está operando el proyecto y el partido no debe ceder terreno a quienes le apuestan al fracaso.

 

Contamos con un bono democrático sin precedente en la historia de México. Esta transición no puede vivir el destino de la emprendida por Vicente Fox en el 2000. Morena en el gobierno, como organización y proyecto, puede romper con el neoliberalismo y encontrar una variante que permita en términos de democracia económica, política y cultural sentar las bases en el concierto regional y mundial.

 

La estructura gubernamental planteada en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública debe tener un periodo de vida corto, y esa durabilidad debe marcarla el trabajo que se haga para sanear las instituciones, pero fundamentalmente, involucrar a la sociedad en las decisiones públicas con protocolos que sean un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. La descentralización es una fortaleza.

 

Hay que recordar que el neoliberalismo le imprimió a la administración pública una orientación gerencial donde la eficacia y eficiencia se ocupaban desde una perspectiva empresarial.

 

Para ese efecto, es necesario que la política social sea transversal e incida en el bienestar de las familias, entendiendo por bienestar no solamente que tengan su manutención, sino que generen patrimonio, nuevos códigos culturales y en materia de derechos humanos; o sea, que transmitan mensajes como ciudadanos libres y con un gran sentido comunitario que nos es connatural.

 

El partido tiene en el estatuto un referente partidario y con el movimiento. Sin embargo, hacen falta instrumentos que aseguren la institucionalidad basada en la participación y la rendición de cuentas. La conducción del partido y de su trabajo debe basarse en planes anuales que resulten del estudio de las condiciones nacionales, estatales y locales y la contribución a la concientización, organización y movilización de la gente.

 

Será necesario, fomentar una estructura de cuadros, que, conforme a las condiciones actuales establecidas en el Estatuto, aseguré que están capacitados para desenvolverse en las actividades que se les encomiende, así como también, se deben contar con mecanismos, resultado de la rendición de cuentas, que permitan su revocación, incluyendo el apego a la norma y principios.

 

Debemos pasar de una cultura vertical a una colectiva. Los actos de quienes encabezan el partido en todas las instancias deben ser canalizadas en las instancias correspondientes y “las iniciativas y la creatividad de cada uno de nosotros como personas. Sostener una práctica permanente de dialogo entre todos, de intercambio de opiniones, de debate crítico, de estudio y de mayor profesionalización.” (propuesta de Código de Ética proporcionado por Rafael Palacios).

 

El Instituto de formación política debe ser la instancia para formar ideológicamente, lo cual es historia, teoría, actitudes y trabajo en equipo, que implica este último “relaciones de profunda camaradería, de confianza mutua, abandonando todo tipo de suspicacia, recelo y prejuicio a nuestro interior” Así como “hacemos nuestro el sentido y el ejercicio de la responsabilidad, del compromiso y del empeño para cumplir lo acordado.”(idem). Así como ser implacables con todo acto de corrupción.

 

El partido requiere contar con un espacio de investigación política y social que permita elaborar una agenda para el quehacer político y el trabajo cotidiano, así como en el ejercicio del poder. No se puede llegar a los procesos electorales con las manos vacías, sin planeación, con candidatos que no tengan proyecto y ni trabajo partidario.

 

La transformación social y política se debe dar en todos los rincones del país en el marco de la pluralidad que hay en el país en el ámbito cultural y político. Los jóvenes y las mujeres organizados y en los espacios institucionales deben desempeñar puestos clave en este proceso.

 

El partido debe ser un partido de masas, pero no masas que sean utilizadas para posesionar a seudo líderes, o para contribuir a la formación de una burocracia que se considere con privilegios, derechos y mecanismos que les permitan sobreponerse a las estructuras del partido y obtener canonjías o posiciones. El espacio de lucha y de construcción del liderazgo y de su papel de dirigente está en el trabajo de masas, sea en la vida sindical, campesina, urbano-popular, círculos de afinidades y que destaque por su formación y que pueda ir un paso adelante.

 

Los dirigentes son aquellos que destacan por su función organizadora, por sus posiciones que logran unir a la gente y son capaces de movilizarlos. Ellos deben haber estudiado en la escuela de formación del partido, destacar por su disciplina, por el autoestudio, por su vocación para trabajar en equipo y por su desempeño en el trabajo político incluyente porque solamente el que antepone sus intereses personales no suma, no escucha, no organiza, no busca elevar la calidad del trabajo político y elevar la conciencia de los hombres y mujeres, combatiendo la ignorancia, la manipulación, el chantaje y adopta actitudes protagónicas, personalistas y no quiere que la emulación, basada en el crecimiento político del sujeto sea el que proyecte al cuadro en el trabajo militante.

 

Otro aspecto sobresaliente en el momento actual para asegurar que MORENA no es igual a los demás partidos es la honestidad, honradez y respeto, pero con una capacidad extraordinaria para educar con mecanismos pedagógicos y un gran sentido ético. No debemos pasar por alto tampoco que los dirigentes del partido deben ser buenos técnicos. La estadística, la teoría, la informática y las estructuras que operan y el sentido con que se instrumentan deben ser un recurso que debemos conocer y saber ocupar para los efectos y necesidades del proyecto.

 

Tenemos la responsabilidad de sentar las bases de una nueva formación social, económica, política y cultural y la organización partidaria es la escuela.

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