Retos inmediatos del nuevo gobierno
Rosa María Cabrera Lotfe

En principio, es de reconocer la amplia participación ciudadana en el proceso electoral federal, cuya jornada tuvo lugar el pasado 1 de julio del año en curso y que resultara en la elección de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República. Es claro que los retos son muchos y variados, pero ahora nos centraremos en los que considero los urgentes de atender, destacando  la política exterior, la interior y la social.

Respecto de la política exterior que implica velar por nuestra dignidad y defender nuestros intereses nacionales, sobre todo dada la gran frontera que nos une con los Estados Unidos de América y los Tratados y Acuerdos con diversos países. En el caso particular de nuestra relación con el país vecino del norte, a nivel bilateral contamos con diversos Acuerdos comerciales. A nivel trilateral destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde México debe considerar en la renegociación, a Canadá, así como lo relativo a la política migratoria norteamericana y su trato a las y los migrantes y sus familias.

De acuerdo a la información disponible de la Cancillería mexicana, México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.

La nueva administración federal deberá revisar el cumplimiento de cada Tratado y Acuerdo, siempre buscando el beneficio para el país y, en el caso particular del TLCAN, buscar nuevas estrategias que posibiliten romper con las asimetrías que benefician solamente a los Estados Unidos de América. Por lo que hace a Canadá, está también pendiente resolver lo relativo a las mineras, empresas responsables con las condiciones ambientales, laborales y sociales que se les exige, sin embargo en México pasa todo lo contrario, además de corromper a las autoridades para su beneficio. Se trata de uno de los más graves saqueos de recursos naturales del país, pues de 290 mineras en México, 211 son de Canadá y/o asumen el costo de los daños que ocasionan.

Por lo que toca a nuestra frontera sur, extraña la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en voz del C. Alfonso Durazo, (presunto próximo Secretario de Seguridad Pública), de planear una fuerza propia policial fronteriza para evitar que inmigrantes indocumentados, drogas y armas ingresen al país desde Centroamérica. Aunado a que es totalmente inconcebible dado que aumentaría la violación a los derechos humanos de las y los migrantes y sus familias, es lamentable equiparar a migrantes con drogas y armas. Ser migrante es un derecho, no un delito.

En nuestra frontera sur, se encuentra en marcha desde 2014, el llamado Programa Frontera Sur –diseñado por la Secretaría de Marina- consistente en un drástico incremento de los operativos contra las y los migrantes centroamericanos que huyen de sus países y atraviesan México para llegar a Estados Unidos de América, siendo que las autoridades migratorias han detenido en lo que va de la gestión de la actual administración federal, a cerca de 653 mil migrantes centroamericanos, entre ellos 138 mil niños, y deportaron a nueve de cada diez sin preguntarse siquiera qué ocurriría con sus vidas al regresar a sus comunidades de origen.

Es inconcebible el trato indignante que las autoridades migratorias dan a quienes, provenientes principalmente de los países centroamericanos y caribeños, con todo y los acuerdos en materia migratoria y a los preceptos –entre otros documentos normativos- del Programa Especial de Migración 2014-2018 y al Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración 2013-2018.

 Con América Latina y el Caribe tenemos Iniciativas Bilaterales con diversos países, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay; igualmente tenemos relaciones con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y contamos con Acuerdos de Complementación Económica (ACE 54 y ACE 55), así como las Iniciativas regionales (migración, educación, empleo, medio ambiente, salud, asuntos penales y otros). Existen otro tipo de Tratados y Acuerdos como el de la Alianza del Pacífico y el Arco del Pacífico Latinoamericano, igual que el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica que en otro momento habremos de abordar.

De acuerdo a sus palabras, Andrés Manuel sólo ha definido la política exterior a seguir (conducida por Marcelo Ebrard) de la siguiente manera y desde el segundo debate presidencial: “la mejor política exterior es la interior.”

Por otro lado y respecto de la política interior, cabe señalar que en el Proyecto de Plan de Nación 2018-2024, se mencionan los ejes pero no encuentro una definición integral de política social, sí se desglosa en apartados como pobreza, corrupción, mercado laboral, etcétera. Destacando el apartado relativo a la recuperación de la paz, cuya pérdida o destrucción se atribuye (en dicho documento) a las estrategias de seguridad pública y el combate a la delincuencia.

De igual forma, con relación a lo propuesto para el Estado y tipo de Gobierno, se resalta que no habrá privilegios y se “rescatará” al Estado para convertirlo en democrático. Pese a que se propone respetar las libertades y derechos (no tendría porque no  hacerse) es clara la ausencia de un apartado ex profeso en materia de derechos humanos plenos, pues  de acuerdo a la reforma constitucional de 2011, es el marco idóneo para la promoción, procuración, protección y defensa de los derechos humanos, aunado al reconocimiento de los Tratados Internacionales en la materia. Del Proyecto de Plan de Nación 2018-2024, se desprende que con relación a la promoción y protección de los derechos humanos, México atenderá las recomendaciones sobre los casos de violaciones a los mismos; al tiempo que se reforzará la relación para la atención de los derechos humanos en los organismos internacionales y regionales.

En suma, es fundamental retomar los principios rectores de la política exterior mexicana, para que las decisiones que se toman en ese ámbito internacional, democratizar la toma de decisiones, abriendo todos los espacios de decisión a la ciudadanía y a la sociedad civil, de tal manera que sea más participativa y democrática.

Con relación a la propuesta de pacificación, reconociendo la estrategia fallida de combate al crimen organizado por los dos recientes sexenios gubernamentales, apunta a una iniciativa de amnistía, la que de sí, no necesariamente contribuirá a la reducción de la violencia, baste y sobre checar la experiencia de diversos países, aun cuando no ha definido en que consiste la propuesta de ley de amnistía, se centra en mucho en el combate a la corrupción. Sumando en todo caso, la idea de creación de clínicas de asesoría jurídica y al fortalecimiento de la procuración de justicia, al tiempo que propone una ley de seguridad interior, ligada a la función del Ejército. Pero además, la nueva administración parece será con un gabinete exclusivamente integrado por personas afines, preocupa por tanto, el rechazo a la propuesta de modificar la Constitución para que el nuevo Fiscal General de la República sea propuesto por un mecanismo novedoso integrado por sociedad civil y legislador@s, no por el Presidente.

Mucho podríamos abundar sobre las principales acciones que considero debe enfrentar –prácticamente en lo inmediato,- la nueva administración gubernamental, resta mencionar que toda acción debiera estar permeada de la transversalidad de género y por supuesto, considerar como eje prioritario a los Derechos Humanos, sobre todo a la luz de las reformas de 2011 en esa materia, dado que México ha suscrito y ratificado diversos Tratados Internacionales sobre la base de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales constituyen una serie de atributos, prerrogativas y libertades que tenemos todas las mujeres y los hombres, por el simple hecho de existir, los cuales son indispensables para llevar una vida verdaderamente digna.

En ese tenor, es de hacer del conocimiento que en 2011 se realizó una reforma constitucional en la materia, que por mandato implica crear una nueva cultura de los derechos humanos, poniendo el acento en la dignidad de las personas, constituyendo así, la reforma jurídica más importante por cuanto los principios que la sustentan y por el reconocimiento de los Tratados Internacionales, además de que  obedeció a la atención prioritaria de los derechos humanos, como una necesidad tanto para la política interna, como ante las crecientes demandas sociales respecto de la materia, así como en atención al desarrollo de la temática en el ámbito internacional, en el que cada vez más, paulatinamente, los derechos humanos asumen nuevos espacios y protagonismo.

Dicha reforma impacta en la administración de la justicia federal, porque trata precisamente del reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro-persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas (primero las personas y luego las instituciones) además del principio de no regresividad y en consecuencia, es necesario reconocer en primer lugar la interdependencia entre el respeto de los derechos humanos y el desarrollo de nuestra nación. En ello van los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTTTI.

Al fin y al cabo, merecemos un país en paz, sin violencia de género, sin feminicidios, sin que se falte a los derechos humanos. Por ello, es de re pensar lo que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena (5 de junio de 1993, Declaración y Programa de Acción de Viena) señala al considerar que la promoción y protección de los derechos humanos es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional. México debe ser un país seguro para todas y todos y el Estado debe ser capaz de promover, respetar y garantizar irrestrictamente los derechos humanos de la población toda.

Rosa María Cabrera Lofte
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Estudios en Psicología-Área Social y en Artes Liberales. Asesora de Política Internacional en el Partido de la Revolución Democrática. Militante y dirigente política en el Partico Comunista Mexicano (PCM), PSUM, PMS y PRD. Sindicalista y Feminista. Exdiputada Federal y Asambleísta Constituyente de la Ciudad de México.




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